DECLARACIÓN CONJUNTA ELABORADA POR EXPERTOS EN DERECHO INTERNACIONAL SOBRE LA OFENSIVA DE ISRAEL CONTRA GAZA

1 agosto 2014, Rebeliónhttp://www.rebelion.org (México)

Jadaliyya Report

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.

Prefacio de Richard Falk : Queremos dar a conocer la declaración conjunta suscrita por expertos en Derecho Internacional de todo el mundo, cuya firma aparece al final de la misma en manifestación de apoyo. Formo parte de ese grupo de patrocinadores; el texto fue inicialmente redactado por varios especialistas en Derecho Internacional. Serán bienvenidas todas las firmas de quienes deseen apoyar la declaración, que pueden enviar a la sección de comentarios con los datos de afiliación para su identificación, que se irán añadiendo periódicamente al texto. Considero que esta acción representa una expresión importante de compromiso profesional y conciencia individual respecto a la actuación israelí en Gaza iniciada el 8 de julio, que tantas víctimas inocentes se ha llevado ya y tan inmensa devastación ha causado. ¡Por favor, únase a nosotros y extienda el mensaje!

La Comunidad Internacional debe poner fin al castigo colectivo de Israel de la población civil en la Franja de Gaza

Como especialistas en Derecho Internacional y Penal, como defensores de los derechos civiles, como expertos juristas y como personas que creen firmemente en el imperio de la ley y en la necesidad de respetarlo en tiempos de paz y más aún en tiempos de guerra, sentimos el deber moral e intelectual de denunciar las graves violaciones, mistificación y desprecio hacia los principios más básicos de las leyes de los conflictos armados y los derechos humanos fundamentales de toda

la población palestina perpetrados durante la actual ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. Condenamos también el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza, así como cualquier ataque indiscriminado contra civiles, sin importar la identidad de los autores, que no sólo es ilegal bajo el Derecho Internacional sino también moralmente intolerable. Sin embargo, no pueden considerarse iguales a las dos partes en el conflicto, algo señalado implícitamente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su Resolución del 23 de julio de 2014, y sus acciones –una vez más- son de una magnitud incomparable.

De nuevo, es la población civil indefensa, las “personas protegidas” bajo el Derecho Humanitario Internacional, quien está en el ojo del huracán. La población civil de Gaza ha sido masacrada en nombre de un derecho a la autodefensa falsamente construido en medio de una provocadora escalada de violencia frente a toda la comunidad internacional. La llamada Operación Marco Protector estalló durante el conflicto armado en curso, dentro del contexto de una prolongada ocupación beligerante que se inició en 1967. En el curso de este conflicto, miles de palestinos de la Franja de Gaza han sido asesinados o han resultado heridos durante períodos de “alto el fuego” recurrentes y ostensibles desde 2005, tras el “desenganche” unilateral de Israel de la Franja de Gaza. Tampoco deben ignorarse las muertes causadas por las acciones provocadoras de Israel en la Franja de Gaza anteriores a la última escalada de hostilidades.

Según fuentes de las Naciones Unidas, a lo largo de las dos últimas semanas en Gaza han muerto asesinados casi 800 palestinos y hay más de 4.000 heridos [*], de los cuales la inmensa mayoría eran civiles. Varias fuentes independientes indican que sólo el 15% de las víctimas eran combatientes. Israel ha asesinado a familias enteras. Hospitales, clínicas, así como un centro de rehabilitación para minusválidos, han sido atacados resultando gravemente dañados. Durante un único día, el 20 de julio, más de 100 civiles palestinos fueron asesinados en Sujaiya, una barriada residencial de Ciudad de Gaza. Esa fue una de las operaciones más sangrientas y agresivas llevadas a cabo por Israel en la Franja de Gaza, una forma de violencia urbana que constituye un desprecio total hacia la inocencia civil. Lamentablemente, ese ataque fue seguido sólo un par de días después por otro igualmente destructivo contra Jusaa, al este de Jan Yunis.

Además, la ofensiva ha causado ya una amplia destrucción de edificios e infraestructuras: según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, han sido atacadas alrededor de 3.300 casas [*], que han resultado totalmente destruidas o gravemente dañadas.

Como denunció la Misión de Investigación de los Hechos de la ONU (FFM, por sus siglas en inglés) sobre el conflicto de Gaza tras la “Operación Plomo Fundido” de Israel: “Aunque el gobierno israelí ha tratado de que parezca que sus operaciones eran esencialmente una respuesta a los ataques de cohetes en ejercicio de su derecho a la autodefensa, la Misión considera que el plan ha ido dirigido, al menos en parte, a un objetivo bien distinto: “El pueblo de Gaza en su conjunto” (A/HRC/12/48, par. 1680). Lo mismo puede decirse de la actual ofensiva israelí.

La población civil de la Franja de Gaza está bajo ataque directo y muchos de sus habitantes se han visto obligados a abandonar sus casas. Lo que ya constituía una crisis humanitaria y de refugiados grave ha empeorado aún más con una nueva oleada de desplazamientos de civiles: el número de personas internamente desplazadas ha alcanzado la cifra de casi 150.000 [*], muchos de los cuales han conseguido refugio en la escuela de la UNRWA en Beit Hanun. Cada ser humano de Gaza vive traumatizado y en estado de constante terror. Esta consecuencia es intencionada, Israel está poniendo de nuevo en práctica la “doctrina Dahine", que recurre deliberadamente a la fuerza desproporcionada para causar sufrimientos a la población civil con objeto de conseguir objetivos políticos más que militares (ejercer presiones sobre el gobierno de Hamas).

Al actuar de esa manera, Israel está violando repetida y flagrantemente el derecho del conflicto armado, que establece que pueden atacarse combatientes y objetivos militares, i.e. “aquellos objetos que por su naturaleza, situación, objetivo o uso contribuyen con eficacia a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización, en las circunstancias que imperen en el momento, ofrecen una ventaja militar definitiva”. La mayoría de los recientes y terribles bombardeos sobre Gaza carecen de cualquier justificación militar aceptable y, en cambio, parecen estar diseñados para aterrorizar a la población civil. Como clarifica el Comité Internacional de la Cruz Roja, causar terror deliberadamente es inequívocamente ilegal bajo el Derecho Consuetudinario Internacional.

En su dictamen consultivo en el caso de las armas nucleares, el Tribunal Internacional de Justicia afirmó que el principio de distinción, que requiere que los Estados beligerantes distingan entre civiles y combatientes, es uno de los “principios fundamentales” del Derecho Humanitario Internacional y uno de los “principios inviolables del Derecho Consuetudinario Internacional”.

El principio de distinción aparece codificado en los Artículos 48, 51 (2) y 52 (2) del Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, respecto al que no se ha formulado reserva alguna. Según el Protocolo Adicional I, los “ataques” se refieren a “actos de violencia contra el adversario, ya sea en ofensa o en defensa” (Artículo 49). La prohibición de llevar a cabo ataques directos contra la población civil u objetos civiles es absoluta tanto bajo el Derecho Consuetudinario Internacional como el Derecho de Tratados. No hay justificación alguna que sirva para invocar necesidad militar.

Contrariamente a las afirmaciones de Israel, no pueden justificarse los errores que causan víctimas civiles: en caso de duda acerca de la naturaleza del objetivo, la ley establece claramente que no puede suponerse que algo que está normalmente dedicado a propósitos civiles (como escuelas, casas, lugares de culto e instalaciones médicas) puede estar siendo utilizado para propósitos militares. Durante estas últimas semanas, los funcionarios y representantes de la ONU han hecho repetidos llamamientos a Israel para que siga estrictamente el principio de precaución al lanzar ataques en la Franja de Gaza, donde los riesgos se ven en gran medida agravados por la muy alta densidad de población, y actúe con máximo control para evitar víctimas civiles. Human Rights Watch ha señalado que estas normas existen para minimizar los errores y “cuando tales errores se repiten, se plantea la preocupación de que esas normas se estén despreciando”.

Además, incluso al atacar objetivos claramente militares, Israel viola consistentemente el principio de proporcionalidad: este aspecto es especialmente evidente en relación a los cientos de casas civiles destruidas por el ejército israelí durante la actual operación militar en Gaza. Con la declarada intención de atacar a un único integrante de Hamas, las fuerzas israelíes han bombardeado y destruido casas aunque fueran residencia de docenas de civiles, incluyendo mujeres, niños y familias enteras.

Bajo el Derecho Consuetudinario Internacional es inherentemente ilegal atacar de forma intencionada estructuras civiles; la violación de tan fundamental principio de la ley puede representar un crimen de guerra. Emitir una “advertencia” –como la supuesta técnica de Israel de llamar al tejado o enviar un SMS cinco minutos antes del ataque- no mitiga esa situación: sigue siendo ilegal atacar deliberadamente un hogar civil sin una demostración de necesidad militar, lo que equivale a una violación del principio de proporcionalidad. Además, no sólo esas “advertencias” son ineficaces por lo general y pueden incluso provocar más víctimas, sino que parecen ser una excusa prefabricada por Israel para definir “como escudos humanos” a las personas que permanecen en sus hogares.

Los ataques indiscriminados y violentos, la determinación de objetivos que no proporcionan ventaja militar eficaz alguna y la selección intencionada de civiles y casas de civiles han sido rasgos persistentes de la prolongada política de Israel de castigar a toda la población de la Franja de Gaza, quien, durante más de siete años, lleva prácticamente encarcelada a causa del asedio impuesto por Israel. Ese régimen equivale a una forma de castigo colectivo que viola la incondicional prohibición estipulada en el Artículo 33 del IV Convenio de Ginebra y ha sido condenado internacionalmente por su ilegalidad. Sin embargo, lejos de contar con la oposición de los actores internacionales, la ilegal política de Israel de cierre absoluto impuesto contra la Franja de Gaza ha continuado de forma implacable bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional de Estados.

Como se afirmaba en la Misión de Investigación de los Hechos de la ONU sobre el Conflicto de Gaza de 2009: “La justicia y el respeto por el imperio de la ley son la base indispensable para la paz. La prolongada situación ha creado una crisis de la justicia en el Territorio Palestino Ocupado que necesita de urgente actuación” (A/HRC/12/48, par. 1958). En efecto: “La prologada impunidad ha sido un factor clave en la perpetuación de la violencia en la región y en la recurrencia a las violaciones, así como en la erosión de la confianza entre los palestinos y muchos israelíes respecto a las perspectivas de una solución pacífica y justa al conflicto”. (A/HRC/12/48, par. 1964).

Por tanto,

-- Nos felicitamos por la Resolución adoptada el 23 de julio de 2014 por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, por la que se establece una comisión internacional independiente para que investigue todas las violaciones del Derecho Humanitario Internacional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado.

-- Hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas, a la Liga Árabe, a la Unión Europea, a los Estados individuales, en particular a los Estados Unidos de América, y a la comunidad internacional en su conjunto y con su poder colectivo para que con la máxima urgencia emprendan acciones para poner fin a la escalada de violencia contra la población civil de la Franja de Gaza y activen los procedimientos para que tengan que rendir cuentas todos aquellos que sean responsables de haber violado el Derecho Internacional, incluidos dirigentes políticos y comandantes militares. En especial:

-- Todos los actores regionales e internacionales deberían apoyar un acuerdo inmediato de alto el fuego duradero, global y mutuamente acordado, que debe asegurar y facilitar el rápido acceso de la ayuda humanitaria y la apertura de las fronteras dentro y fuera de Gaza.

-- Debe exigirse que Todas las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra cumplan urgente e incondicionalmente sus obligaciones fundamentales, vinculantes en todo momento, y actúen según el Artículo 1 común, para que adopten las medidas necesarias para a fin de poner fin a las graves violaciones, como imponen claramente el Artículo 146 y el Artículo 147 del IV Convenio de Ginebra; estas normas son aplicables también a todas las partes interesadas;

-- Además, denunciamos las vergonzosas presiones políticas ejercidas por varios Estados Miembros de la ONU y por la ONU sobre el Presidente Mahmud Abbas, para que no recurra al Tribunal Penal Internacional (TPI), e instamos a los dirigentes del gobierno de Palestina a que invoquen la jurisdicción del TPI, ratificando el tratado del TPI y en elinterim la declaración del Artículo 12 (3) del Estatuto de Roma, para investigar y enjuiciar los graves delitos internacionales perpetrados sobre el territorio palestino por todas las partes en el conflicto; y

-- El Consejo de Seguridad de la ONU debe finalmente ejercer sus responsabilidades en relación con la paz y la justicia trasladando la situación en Palestina al Fiscal del Tribunal Penal Internacional.

Apoyan la anterior declaración conjunta:

· John Dugard, ex Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado.

· Richard Falk, ex Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado.

· Alain Pellet, Profesor de Derecho Internacional, Universidad Paris Oeste, ex miembro de la Comisión Legal Internacional de las Naciones Unidas.

· Georges Abi-Saab, Profesor emérito de Derecho Internacional, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, ex juez del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

· Vera Gowlland-Debbas, Profesora Emérita de Derecho Internacional, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Switzerland

· Chantal Meloni, Profesora Adjunta de Derecho Penal Internacional, Universidad de Milán, Italy (Redactora de la Declaración Conjunta). 

· Roy Abbott, Especialista en Derecho Humanitario Internacional y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Australia

· Lama Abu-Odeh, Profesor de Derecho, Georgetown University Law Center, USA

· Susan M. Akram, Clinical Professor and supervising attorney, International Human rights Program, Boston University School of Law, USA

· Taris Ahmad, Solicitor at Jones Day, London, UK

· Maria Anagnostaki, PhD candidate, Law School University of Athens, Greece

· Antony Anghie, Professor of Law, University of Utah, USA

· Nizar Ayoub, Director, Al-Marsad, Arab Human Rights Centre in Golan Heights

· Valentina Azarov, Lecturer in Human Rights and International Law, Al Quds Bard College, Palestine

· Ammar Bajboj, Lecturer in Law, University of Damascus, Syria

· Samia Bano, SOAS School of Law, London, UK

· Asli Ü Bali, Professor of Law, UCLA School of Law, USA

· Jakub Michał Baranowski, Phd Candidate, Universita’ degli Studi Roma Tre, Italy

· Frank Barat, Russell Tribunal on Palestine

· Emma Bell, Coordinator of the European Group for the Study of Deviance and Social Control, Université de Savoie, France

· Barbara Giovanna Bello, Post-doc Fellow, University of Milan, Italy

· Brenna Bhandar, Senior lecturer in Law, SOAS School of Law, London, UK

· George Bisharat, Professor of Law, UC Hastings College of Law, USA

· Barbara Blok, LLM Candidate, University of Essex, UK

· John Braithwaite, Professor of Criminology, Australian National University, Australia

· Michelle Burgis-Kasthala, lecturer in international law, University of Edinburgh, UK

· Eddie Bruce-Jones, Lecturer in Law, University of London, Birkbeck College, UK

· Sandy Camlann, LLM Candidate, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France

· Grazia Careccia, Human Rights Advocate, London, UK

· Baris Cayli, Impact Fellow, University of Stirling, UK

· Antonio Cavaliere, Professor of Criminal Law, University Federico II, Naples, Italy

· Kathleen Cavanaugh, Senior Lecturer, Irish Center for Human Rights, National University of Ireland, Galway, Ireland

· Elizabeth Chadwick, Reader in International Law, Nottingham, UK

· Donna R. Cline, Attorney at Law, USA

· Karen Corteen, Senior Lecturer in Criminology, University of Chester, UK

· Andrew Dahdal, Lecturer, Faculty of Business and Economics, Macquarie University, Sydney, Australia

· Teresa Dagenhardt, Reader in Criminology, Queen’s University Belfast, Northern Ireland

· Luigi Daniele, PhD candidate in Law, Italy

· Alessandro De Giorgi, Professor of Justice Studies, San Josè State University, USA

· Paul de Waart, Professor Emeritus of International Law, VU University, Amsterdam, The Netherlands

· Gabriele della Morte, Senior Lecturer in International Law, University Cattolica, Milan, Italy

· Max du Plessis, Professor of Law, University of Kwazulu-Natal, and Barrister, South Africa and London, UK

· Noura Erakat, Georgetown University, USA

· Mohammad Fadel, Associate Professor of Law, University of Toronto Faculty of Law, Canada

· Mireille Fanon-Mendés France, Independent Expert UNO, Frantz Fanon Foundation, France

· Michelle Farrell, lecturer in law, School of Law and Social Justice, University of Liverpool, UK

· Daniel Feierstein, Professor and President International Association of Genocide Scholars (IAGS), Argentina

· Eleonor Fernández Muñoz, Costa Rica

· Tenny Fernando, Attorney at Law, Sri Lanka

· Amelia Festa, LLM Candidate, University of Naples Federico II, Italy

· Katherine Franke, Professor of Law, Columbia Law School, USA

· Jacques Gaillot, Bishop in partibus of Patenia 

· Katherine Gallagher, Vice President FIDH, senior attorney, Centre for Constitutional Rights (CCR), New York, USA

· Avo Sevag Garabet, LLM, University of Groningen, the Netherlands

· Jose Garcia Anon, Professor of Law, Human Rights Institute, University of Valencia, Valencia, Spain

· Irene Gasparini, PhD candidate, Universitá Cattolica, Milan, Italy

· Stratos Georgoulas, Assistant Professor, University of the Aegean, Greece

· Haluk Gerger, Professor, Turkey

· Hedda Giersten, Professor, Universitet I Oslo, Norway

· Javier Giraldo, Director Banco de Datos CINEP, Colombia

· Carmen G. Gonzales, Professor of Law, Seattle University School of Law, USA

· Penny Green, Professor of Law and Criminology, Director of the State Crime Initiative, King’s College London, UK

· Katy Hayward, Senior Lecturer in Sociology, Queen’s University Belfast, Northern Ireland

· Andrew Henley, PhD candidate, Keele University, UK

· Christiane Hessel, Paris, France

· Paddy Hillyard, Professor Emeritus, Queen’s University Belfast, Northern Ireland

· Ata Hindi, Institute of Law, Birzeit University, Palestine

· Francois Houtart, Professor, National Institute of Higher Studies, Quito, Ecuador

· Deena R. Hurwitz, Professor, General Faculty, Director International Human Rights Law Clinic, University of Virginia School of Law, USA

· Perfecto Andrés Ibáñez, Magistrado Tribunal Supremo de España, Spain

· Franco Ippolito, President of the Permanent People’s Tribunal, Italy

· Ruth Jamieson, Honorary Lecturer, School of Law, Queen’s University, Belfast, Northern Ireland

· Helen Jarvis, former member Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), member of IAGS, Cambodia

· Ioannis Kalpouzos, Lecturer in Law, City Law School, London, UK

· Victor Kattan, post-doctoral fellow, Law Faculty, National University of Singapore

· Michael Kearney, PhD, Lecturer in Law, University of Sussex, UK

· Yousuf Syed Khan, USA

· Tarik Kochi, Senior Lecturer in Law, School of Law, Politics and Sociology, University of Sussex, UK

· Anna Koppel, MSt Candidate in International Human Rights Law, University of Oxford, UK

· Karim Lahidji, President of the International Federation for Human Rights (FIDH) and lawyer

· Giulia Lanza, PhD Candidate, Università degli Studi di Verona, Italy

· Daniel Machover, solicitor, Hickman & Rose, London, UK

· Tayyab Mahmud, Professor of Law, Director of the Centre for Global Justice, Seattle University School of Law, USA

· Maria C. LaHood, Senior Staff Attorney, CCR, New York, USA

· Louise Mallinder, Reader in Human Rights and International Law, University of Ulster, UK

· Triestino Mariniello, Lecturer in International Criminal Law, Edge Hill University, UK

· Mazen Masri, Lecturer in Law, The City Law School, City University, London, UK

· Siobhan McAlister, School of Sociology, Queen’s University Belfast, Northern Ireland

· Liam McCann, Principal Lecturer in Criminology, University of Lincoln, UK

· Jude McCulloch, Professor of Criminology, Monash University, Melbourne, Australia

· Yvonne McDermott Rees, Lecturer in Law, University of Bangor, UK

· Cahal McLaughlin, Professor, School of Creative Arts, Queen’s University Belfast, Northern Ireland

· Araks Melkonyan, LLM Candidate, University of Essex, UK

· Antonio Menna, PhD Candidate, Second University of Naples, Caserta, Italy

· Naomi Mezey, Professor of Law, Georgetown University Law Center, USA

· Michele Miravalle, PhD candidate, University of Torino, Italy

· Sergio Moccia, Professor of Criminal Law, University Federico II, Naples, Italy

· Kerry Moore, Lecturer, Cardiff University

· Giuseppe Mosconi, Professor of Sociology, University of Padova, Italy

· Usha Natarajan, Assistant Professor, Department of Law & Centre for Migration and Refugee Studies, The American University in Cairo, Egypt

· Miren Odriozola Gurrutxaga, PhD Candidate, University of the Basque Country, Donostia – San Sebastián, Spain

· Georgios Papanicolaou, Reader in Criminology, Teesside University, UK

· Marco Pertile, Senior Lecturer in International Law,
Faculty of Law, University of Trento, Italy

· Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Professor of Law and Theory, LLM, The Westminster Law and Theory Centre, UK

· Antoni Pigrau Solé, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Spain

· Joseph Powderly, Assistant Professor of Public International Law, Leiden University, The Netherlands

· Tony Platt, Visiting Professor of Justice Studies, San Jose State University, USA

· Scott Poynting, Professor in Criminology, University of Auckland, New Zeeland

· Chris Powell, Professor of Criminology, University S.Maine, USA

· Bill Quigley, Professor, Loyola University, New Orleans College of Law, USA

· John Quigley, Professor of Law, Ohio State University

· Zouhair Racheha, PhD Candidate, University Jean Moulin Lyon 3, France

· Laura Raymond, International Human Rights Advocacy Program Manager, CCR, New York, USA

· Véronique Rocheleau-Brosseau, LLM candidate, Laval University, Canada

· David Rodríguez Goyes, Lecturer, Antonio Nariño and Santo Tomás Universities, Colombia

· Alessandro Rosanò, PhD Candidate, Università degli Studi di Padova, Italy

· Jamil Salem, Director Institute of Law, Birzeit University, Palestine

· Mahmood Salimi, LLM Candidate, Moofid University, Iran

· Nahed Samour, doctoral fellow, Humboldt University, Faculty of Law, Berlin, Germany

· Iain GM Scobbie, Professor of Public International Law, University of Manchester, UK

· David Scott, Senior Lecturer in Criminology, Liverpool John Moores University, UK

· Phil Scraton, Professor of Criminology, Belfast, Ireland

· Rachel Seoighe, PhD Candidate, Legal Consultant, King’s College London, UK

· Tanya Serisier, School of Sociology, Queen’s University Belfast, Northern Ireland

· Mohammad Shahabuddin, PdD, Visiting researcher, Graduate School of International Social Sciences, Yokohama National University, Japan

· Dean Spade, Seattle University School of Law, USA

· Per Stadig, lawyer, Sweden

· Chantal Thomas, Professor of Law, Cornell University, USA

· Kendall Thomas, Nash Professor of Law, Columbia University, USA

· Gianni Tognoni, Lelio Basso Foundation, Rome, Italy

· Steve Tombs, Professor of Criminology, The Open University, UK

· Paul Troop, Barrister, Garden Court Chambers, UK

· Valeria Verdolini, Reader in Sociology, University of Milan, Italy

· Francesca Vianello, University of Padova, Italy

· Aimilia Voulvouli, Assistant Professor of Sociology, Fatih University, Turkey

· Namita Wahi, Fellow, Centre for Policy Research, Dharma Marg, Chanakyapuri, New Delhi, India

· Sharon Weill, PhD, Science Po, Paris/ CERAH, Geneva, Switzerland

· Peter Weiss, Vice President of Centre for Constitutional Rights (CCR), New York, USA

· David Whyte, Reader in Sociology, University of Liverpool, UK

· Jeanne M. Woods, Henry F. Bonura, Jr. Distinguished Professor of Law, Loyola University College of Law, New Orleans, USA

· William Thomas Worster, Lecturer, International Law, The Hague University of Applied Sciences, The Netherlands

· Maung Zarni, Judge, PPT on Sri Lanka and Visiting Fellow, London School of Economics and Political Science. 

N. de la T.:

*Cifras terriblemente superadas cada día que pasa.

Fuente: http://www.jadaliyya.com/pages/index/18699/joint-declaration-by-international-law-experts-on